Propuesta de Santiago levy

Propuestas de Santiago levy

La raíz del problema está en el financiamiento asimétrico de la seguridad social en función del estatus laboral del trabajador. Esta asimetría resulta en que algunos trabajadores tienen derechos de seguridad social y otros no (o, como los trabajadores cambian entre trabajos formales e informales, que el mismo trabajador a veces tenga derechos y a veces no).

Si ese financiamiento asimétrico no existiera, la informalidad sería irrelevante. La educación pública en México se financia de la recaudación general. En consecuencia, los hijos de los trabajadores, formales e informales, van a las mismas escuelas públicas. Pero no van a las mismas clínicas públicas de salud.

En el caso de la educación, no hablamos de “derechohabientes y no derechohabientes”, ni de educación “contributiva y no contributiva”. En el caso de la salud y las pensiones, sí.

¿Quién paga realmente la seguridad social?

Sin contribuciones a la seguridad social, los salarios de los trabajadores formales serían 17% más altos, esto es, esos trabajadores podrían consumir un 17% más. 

Los trabajadores informales también pagan un impuesto al consumo en la puerta de la tienda (el IVA) pero ninguno en la puerta de la fábrica.

Así, los trabajadores formales pagan dos impuestos; los informales uno pero reciben beneficios de seguridad social crecientemente cercanos a los que reciben los formales.

En suma: financiamos la seguridad social con una mezcla de impuestos inequitativa, porque hay trabajadores informales con ingresos mayores que los formales, y porque el mismo trabajador a veces es formal y a veces no.

La propuesta tiene tres partes. La primera otorga a todos los trabajadores:

1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores formales (paquete IMSS).

2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su vida laboral (no sólo cuando es asalariado).

3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos salarios mínimos.

La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados:

1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que hoy reciben los afiliados al IMSS.

2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al IMSS.

3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los afiliados al IMSS.

La tercera parte supone:

1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema.

2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo estarían etiquetados para seguridad social.

3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit).

4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal.

La idea clave es financiar los beneficios de la primera parte, que son comunes para todos, con el pago de un impuesto común, que no dependa de la condición laboral.

Al efecto, se propone crear una contribución para la seguridad social universal con la misma mecánica que el IVA, aplicando ambos tributos sobre todo el consumo, sin exenciones, con una tasa total de 16%. De ésta, 10% sería para el Fondo Nacional de Seguridad Social Universal y 6% sería el IVA para el gasto público general.

Los beneficios de la segunda parte, al ser sólo para asalariados, se pagarían con una contribución patronal sobre la nómina.

Impacto sobre la pobreza y la desigualdad. La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. A mediano plazo éste sería uno de los efectos más importantes de la propuesta ya que estos impuestos y subsidios son mayores para los trabajadores pobres que los no pobres. Se fortalecería el combate a la pobreza por la vía del empleo productivo. El impacto neto es, sin ninguna ambigüedad, positivo.